Elkin Ramírez, abogado de la Corporación Jurídica Libertad en Cabildo Abierto en Sonsón (Antioquia)
El pasado 28 de mayo de 2015, el Concejo Municipal y el Consejo de Planeación Territorial convocaron en el municipio de Sonsón (Antioquia) a un Cabildo Abierto sobre el tema 'Socialización de los impactos sociales, ambientales y económicos de las microcentrales hidroeléctricas proyectadas para el municipio de Sonsón'.
La siguiente ponencia, se expuso en el marco de este Cabildo Abierto por el abogado Elkin Ramírez, miembro de Movimiento por la Defensa de la Vida y el Territorio del Oriente Antioqueño - MOVETE y de la Corporación Jurídica Libertad.
Mi interés primordial para los efectos de un acto que, como éste, es constitutivo de una expresión de soberanía popular, es poner en el escenario unos insumos y valoraciones que me permiten sostener la siguiente hipótesis: la política extractiva adelantada a nivel nacional desde hace aproximadamente 10 años, impulsada con el actual Plan Nacional de Desarrollo por medio de la denominada Locomotora Minera y puesta en práctica ahora en el Oriente antioqueño, introduce nuevas modalidades de despojo del territorio con afectación directa de grandes sectores desprotegidos y marginales de su población. Así se trastocan las especiales condiciones habitacionales y ambientales características de la región y se pone en riesgo una zona que, como la de Páramos, tiene una importancia estratégica como entidad generadora y posibilitadora de vida en todo el departamento de Antioquia.
Quiero intervenir en primer lugar con la pretensión de generar una acción movilizadora desde las organizaciones sociales, sus líderes y la comunidad en general, dirigida a la defensa del territorio y que permita generar condiciones de subsistencia digna para los pobladores y no para beneficio de unas pocas empresas nacionales y trasnacionales que, en medio de una rapiña, desde hace aproximadamente cinco años solicitan a manos llenas licencias para el desarrollo de proyectos minero-energéticos.
Presento dos sucintos relatos o experiencias que permitan comprender la importancia de adelantar acciones desde el punto de vista constitucional, legal y político en defensa del territorio, entendido como espacio vital para que el individuo, la población y sus organizaciones logren mantener condiciones necesarias para el desarrollo de la vida en condiciones dignas y pacíficas.
En los últimos años surgió en la población del municipio de San Luis una gran preocupación debido al otorgamiento por parte de CORNARE de una concesión de aguas para la construcción de dos microcentrales sobre las aguas del río Dormilón, en beneficio de Generamos Energía SA. Esta concesión se otorgó en septiembre de 2008 para que esta empresa dispusiera de un 75% de las aguas de un afluente que nutre de líquido potable a los habitantes del casco urbano. Desde entonces, un grupo de ciudadanos adelantó un proceso organizativo dirigido a exigirle a CORNARE que revocara la licencia, sin que sus reclamos fueran debidamente atendidos. Con el paso del tiempo y ante la creciente muestra de insatisfacción por parte de buena cantidad de pobladores asociados a Vigías del Río Dormilón, se aumentó el grado de conciencia en la comunidad al ponerse en el centro de la discusión, entre otras, lo relativo a la entrega incondicional del recurso hídrico a un actor privado para su explotación, sin que esto, por demás, genere una retribución a las finanzas y economía de la localidad, por el contrario poniendo en riesgo diferentes aspectos fundamentales para el mantenimiento de la vida de la población como lo son el abastecimiento de agua potable y la posibilidad de continuar disfrutando del río para actividades de esparcimiento social y cultural. Ante la fuerza que fue adquiriendo el movimiento de oposición -que alcanzó a generar una fuerte y contundente movilización que llegó el día 11 de marzo ante las instalaciones de CORNARE ubicadas en el municipio de El Santuario-, la autoridad ambiental finalmente dispuso la declaratoria de caducidad de ambas concesiones y se comprometió a desarrollar junto con la comunidad una serie de acciones para blindar hacia el futuro la cuenca del río Dormilón.
Otra experiencia no tan gratificante se evidencia en lo sucedido en el municipio de Cocorná donde, a consecuencia de la construcción de la central hidroeléctrica a filo de agua El Popal, propiedad de la empresa HMV Ingenieros Ltda, se han generado una serie de afectaciones sobre los predios ubicados en la zona donde se desarrollan las obras civiles y de construcción de un túnel en un terreno que, desde hace varios lustros, es considerado de alto riesgo: así, las obras conllevaron a un agravamiento de la situación de inestabilidad de la ladera intervenida, como producto de las explosiones provocadas para su construcción; igualmente han ocasionado la pérdida de las aguas con las que se surtía el acueducto comunitario de la vereda La Aurora, ahora filtradas al túnel de conducción, así como la pérdida de las aguas dedicadas a labores productivas en algunos de los predios; conllevó igualmente a la destrucción de un trapiche comunitario dedicado a la producción de panela que servía de sustento a las 16 familias que allí quedaron habitando. Las mismas familias que hicieron parte del proceso de resistencia al desplazamiento forzado ante la presencia de diferentes actores armados que sembraron el terror y la zozobra en los momentos más álgidos del conflicto armado.
Javier Zuluaga Giraldo, líder comunitario y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Aurora ha denunciado estas afectaciones, resaltando que fueron confirmadas por el mismo CORNARE en un estudio técnico realizado luego de hacerse evidente este cúmulo de impactos y ante la insistencia por parte de los afectados para que la empresa propietaria del proyecto reconociera los daños y estableciera unas medidas para la reubicación de las familias afectadas; dicho estudio arrojó como resultado que toda esa problemática era producto de la construcción del túnel para la conducción de las aguas, por cuanto en el Estudio de Impacto Ambiental no se realizaron las indagaciones requeridas en lo relativo a las posibles consecuencias que se podrían generar al construir un túnel a filo de agua sobre un terreno geológicamente inestable. La empresa HMV Ingenieros simplemente contrató un estudio técnico dirigido a concluir que las afectaciones no eran producto de la construcción del aludido túnel. En su momento, CORNARE simplemente lo aceptó sin controversia alguna, y ahora no existe poder divino ni humano que obligue a la empresa a compensar los daños ocasionados, los cuales verdaderamente han conllevado a que las familias que tienen sus predios en la zona hayan quedado en la absoluta ruina por cuanto éstos quedaron sin valor alguno. El líder comunitario, con lágrimas en los ojos, dice que lo que no lograron hacer los violentos, lo ha logrado HMV Ingenieros: despojar a las familias de la vereda La Aurora de la tierra que les daba su sustento.
¿Será que estas experiencias son simples casos aislados? ¿No será más bien la problemática generada con la entrega de los recursos naturales a actores privados por parte de las autoridades ambientales, en desarrollo de un modelo económico extractivista que beneficia esencialmente a los agentes encargados de su explotación, y que tiende a generalizarse en toda la subregión del Oriente antioqueño?
Cree uno que bastaría con mencionar lo sucedido a raíz del proceso de otorgamiento de la licencia ambiental para la construcción de la central Porvenir II en los municipios de San Carlos, San Luis, Puerto Nare y Caracolí, para la cual se requiere disponer de 10.932 hectáreas de tierra pertenecientes en su mayoría a humildes campesinos víctimas del conflicto armado que aún no han sido objeto de restitución plena de sus derechos. Propiedades que, en virtud del dispositivo de declaratoria de utilidad pública e interés general, han sido servidas en bandeja de plata a la empresa solicitante, perteneciente al poderoso Grupo Empresarial Antioqueño, mediante el proferimiento de la resolución 164 de 2013 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, posibilitando en manos de uno de los grupos económicos más poderosos de nuestro país, el despojo de veredas enteras que se encuentran bajo protección especial por haber sido su población desplazada forzadamente.
O lo que ocurre en el municipio de San Luis con la construcción de la hidroeléctrica San Miguel en cuyo proceso igualmente se han afectado los interés y predios de la población campesina sin las debidas compensaciones y sin la voluntad de CORNARE para vigilar que las afectaciones sean remediadas y compensadas debidamente por el privado HMV Ingenieros, propietario del proyecto. O lo que sucede en jurisdicción de este municipio en donde tiene lugar este acto participativo y democrático, cuando en los corregimientos de Jerusalén y la Danta, en donde existen concesiones para la explotación del mármol y otros materiales necesarios para el procesamiento del cemento, se están realizando actividades que ponen en riesgo el equilibrio medioambiental y la permanencia de los pobladores. Se dice que el casco urbano del corregimiento Jerusalén puede ser reubicado en su totalidad para poder satisfacer el apetito voraz de Argos.
Pero la situación aún es más grave. De acuerdo con información suministrada en agosto de 2014 a la Corporación Jurídica Libertad por la Agencia Nacional de Minería, en materia minera buena parte del territorio perteneciente a los municipios de La Unión, Sonsón, Carmen de Viboral, Abejorral, Argelia y Nariño ha sido declarada oficialmente como Zonas de Minería Especial, conocidas también como Áreas Estratégicas Mineras, dispositivo que permite a la Autoridad Nacional de Minería adjudicar en bloque y mediante subasta pública licencia de exploración y explotación minera en grandes extensiones de territorio.
Fundamentado en esta facultad, se ha declarado en territorios ubicados en la zona de Páramos un total de 7 bloques mineros (Bloques: 166, 176, 177, 180, 183, 186 y 191), uno de ellos creado directamente sobre el área de páramos, otro en jurisdicción de los municipios de Sonsón y Abejorral, tres en jurisdicción de Nariño y dos en el municipio de Argelia; no hubo consideración a que algunos de estos bloques se hayan establecido sobre zonas de reserva forestal. A su vez, en la zona de Altiplano se evidencia la existencia de tres bloques mineros (Bloques: 287, 288 y 289): dos en el municipio de La Unión y uno en el de Carmen de Viboral. En total se tienen declarados en todo el Oriente del departamento, 10 bloques mineros. El proceso de recolección de información que hemos adelantado no ha permitido identificar el número de hectáreas objeto de tales declaratorias.
En materia de otorgamiento de licencia para la exploración y explotación minera en el Oriente antioqueño se tiene consolidada la siguiente información a julio de 2012: se habían otorgado 89 títulos para la exploración minera (de ellos, 45 ubicados en zona de Páramo) y 22 títulos para la explotación; además en ese mismo año, 174 solicitudes se encontraban en trámite (información aportada por la Dirección de Titulación Minera de la Secretaría de Minas de Antioquia). Los títulos mineros para la exploración y explotación otorgados a 2012 involucraban aproximadamente 53.000 hectáreas de las las poco más de 700.000 que componen el territorio del Oriente antioqueño. De éstas, cerca de 18.000 están en poder de la Anglo Gold Ashanti, poco más de 4.000 en poder de Cementos Argos S.A. y cerca de 2.000 en manos de Suministros de Colombia S.A.
En cuanto al otorgamiento de licencias para la construcción de centrales hidroeléctricas el panorama no es más alentador. A 2012, CORNARE había recibido 49 solicitudes de licencias y de concesiones para la construcción de centrales y microcentrales en la subregión del Oriente, y de éstas se habían conferido 29 licencias y concesiones.
Para concluir la presentación de este panorama resta decir que, debido a la presión ejercida para que nuestro territorio sea entregado a los intereses privados –intereses que buscan mediante la explotación de los recursos naturales generar un proceso de enriquecimiento desmedido en favor no del interés público y general, sino ante todo de poderosas y ricas empresas nacionales y trasnacionales-, se termina cerrando el círculo iniciado con la oleada de violencia vivida en los últimos 20 años, que conllevó a que 150 mil campesinos y pobladores del Oriente antioqueño abandonaran sus tierras en condición de víctimas de desplazamiento forzado; y ahora cuando en apariencia están dadas las condiciones para el retorno y el restablecimiento de sus derechos por su condición de víctimas, nuevamente serán forzados a su entrega definitiva, para beneficio de la explotación minero-energética."
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