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Delegados de diversos municipios del Oriente antioqueño participaron en la Segunda Asamblea Nacional por la Paz. Convocada por la USO, El Ministerio del trabajo y la Universidad Nacional.

Apuntes para la paz

La arremetida de proyectos extractivos de desarrollo, extensivos e intensivos  en el uso de la tierra, el agua y la naturaleza, altera sustancialmente las formas y los medios de vida de las comunidades, quienes tienen una valoración distinta de sus territorios. La mercantilización y financiarización de la naturaleza convierte a los patrimonios ambientales de los pueblos en una fuente de conflictos con actores corporativos que están propiciando nuevas formas de despojo.

Los mandatos del comercio internacional construyen una división internacional del trabajo según la cual los países ricos en recursos estratégicos para la reproducción del sistema económico deben especializarse en su extracción y exportación. Los territorios son percibidos como proveedores de minerales, biodiversidad, agua o energía, lo cual genera conflictos con las comunidades locales, cuyos modos de vida son desconocidos por el capital trasnacional.

Oriente antioqueño

El Oriente de Antioquia es una zona rica en aguas. Tiene 9 grandes cuencas asentadas en la zona montañosa de la cordillera central andina, donde confluyen los cañones y ríos Magdalena, Arma, El Buey, Piedras, Aburrá, Porce, Nus, San Carlos, Samaná Norte y Sur, Cocorná Sur, Guatapé, Nare, Calderas, Tafetanes y Río Claro. El caudal de agua en la zona es tan abundante que equivale, aproximadamente a una tercera parte del río grande de la Magdalena, el más importante de Colombia. Importantes fuentes de agua han sido utilizados por las cinco hidroeléctricas que operan desde los 80 en la zona, Guatapé, San Carlos, Jaguas, Playas y Calderas

Cuenta además con yacimientos de metales preciosos, mármoles y calizas, materiales de construcción, materiales industriales y arcillas.

Actualmente en el Oriente hay diferentes proyectos: 156 títulos mineros, extensas solicitudes que en algunos casos, como Nariño, abarcan casi la totalidad del municipio; construcción de hidroeléctricas en distinta escala: Se han otorgado licencias a más de 40 pequeñas centrales hidroeléctricas y para el proyecto Porvenir II.

Considerando que el Oriente ha sufrido varios ciclos de violencia, el más reciente hasta 2005, y que los procesos de retorno de las comunidades desplazadas son recientes, la imposición de ese tipo de conflictos, en los cuales se avala legalmente las expropiaciones, son una amenaza para la reconstrucción del tejido social y la reconciliación en los territorios, en última instancia, son una amenaza para la paz.

Tanto las hidroeléctricas, como las concesiones mineras generan exclusión política y competencias culturales, convirtiéndose en una fuente potencial de violencia agenciada por las prácticas corporativas del Estado. La paz no es lo que nos dicen desde fuera, es lo que necesitamos para olvidar la violencia que nos expulsó de nuestros hogares antes, es una decisión conciente de apegarse al territorio para construir procesos de autonomía y dignidad.

Mismos que están siendo agredidos por los proyectos extractivos de desarrollo. No puede construirse justicia social sin justicia ambiental, financiarla con extractivismo, sinónimo de nuevas violencias y conflictos, éste es incompatible con la democracia, la participación y la efectiva inclusión, condiciones éstas que sumadas a la estructura agraria subyacen en la génesis del conflicto armado en Colombia.

Reproduciendo estos elementos el país se encamina a una paz precaria, cuyo significado podría ser otra forma de violencia. La paz tiene que permitir la autodeterminación de los pueblos y reconocer los distintos modos de vida y valoraciones. En un país megadiverso, no reconocer la diferencia y las distintas valoraciones e imponer unas medidas estatales en pro del extractivismo, apuntan a una paz monolítica y precaria, pues se acuerda por una parte, por otra se despoja y se contamina.

Por eso creemos que como apuesta para una paz duradera y sustentable es necesario descorporativizar las prácticas estatales, permitiendo a los pueblos caminar hacia sus horizontes de futuro, así como reconocer a la naturaleza como víctima del conflicto y proponemos:

·         La supresión de los batallones minero-energéticos.

·         La derogación de la normatividad que declara de utilidad pública e interés general los proyectos extractivos, y darle prelación a lo consignado en el código de Recursos Naturales: “La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés social”. En este punto incluimos al agua, la biodiversidad a las funciones ecológicas, al suelo, y por esto mismo, al subsuelo, parte del sistema natural del cual hacen parte los otros elementos mencionados, y por lo tanto, indisociable de su equilibrio.

·         La declaratoria de inexequibilidad de normas que atenten contra la autodeterminación municipal, como el artículo 37 del código de Minas.

·         El reconocimiento de los derechos del campesinado.

·         La efectiva participación de las comunidades en las decisiones que pueden alterar sustancialmente sus formas de vida: Participar no equivale a informar o socializar.

·         Aumento del cobro de las tasas de agua y energía para las empresas extractivas y otras formas de subsidio de las mismas.

·         No construcción de represas en zonas donde ha habido conflicto armado.

 Comprensión de la dimensión ambiental como componente del conflicto.

Todos nos beneficiamos de los bienes comunes, nuestra paz no puede escindirse de la gestión de estos, por lo cual, creemos que una pedagogía para la paz debe operar en varios sentidos, no solamente hacia las comunidades, sino también vincular a las corporaciones a este proceso, pues su accionar es el epicentro de la fragilidad del proceso de paz, dándole una efectiva y real participación a las comunidades.

Por el agua, la vida y el territorio, ¡MOVETE pues!